El gobierno hace lo que puede. La cuestión es cuánto puede y cuánto es lo que queda sin hacerse porque quien debió hacerlas no pudo.
Sólo si el Estado tuviera presencia efectiva en Lima en particular, y en la extensión total del territorio nacional, y contara con la capacidad real de hacer cumplir las medidas que dicta. tendría algún valor el esquema de restricciones que se plantea.
Podía entenderse y hasta asumir algún grado de tolerancia con la llamada cuarentena que debía regir hasta hoy domningo 24 de mayo de 2020. Las últimas medidas, sin embargo, no parecen tan sensatas.
El exceso normativo no genera sino mayor reproducción de la informalidad y, a la corta o a la larga, también mayor corrupción… son disposiciones de dudosa razonabilidad y de aún más difícil exigibilidad y aplicabilidad…
En consecuencia, en el marco excesivo de sus alcances, el amplio margen de ambigüedad y de ambivalencia con que se caracterizan será, obviamente, fuente de un también más amplio margen de discrecionalidad en quien tenga que aplicarlas. ¿Quién las exige y quién las aplica? La policía y las fuerzas armadas. Si al juicio de la policía o de un miembro de las fuerzas armadas esas medidas se incumplen la consecuencia es la sanción…
¿Qué bienes están en juego? La vida y la salud de las personas. Obviamente. ¿Solamente la vida y la salud? No. También la autonomía y la libertad inherente a cada persona, a la disposición responsable de su propio cuerpo sin causar daño a nadie, así como el derecho a la propiedad…
Veamos algunos supuestos, y por lo tanto, en el marco de casos hipotéticos… Si vivo en San Borja a dos cuadras de Wong de Surco, ¿debo ir al Wong de La Rambla, que queda a 20 cuadras sólo porque está dentro del distrito de mi residencia?
Si tengo una propiedad en un balneario del sur y necesito revisar si no ha sido objeto de robos, ¿me remolcarán mi coche y me sancionarán con una multa alta por tratar de proteger mi propiedad?
Si tengo un departamento vacío en un distrito distinto al que figura en mi DNI, y necesito verificar si las instalaciones de agua no han fallado, o si el jardín necesita agua para que las plantas no se mueran, igualmente, ¿me remolcarán también mi vehículo y tendré que pagar una multa?
Si tengo más de 65 años, pero no quiero que nadie use mi tarjeta de débito para el pago en un supermercado, ¿tendré que pagar multa por salir debido a mi estado vulnerable?
No entiendo cómo, si no se me ha seguido un proceso de interdicción por incapacidad mental el gobierno me impide responsabilizarme por mí mismo.
Me temo, y me formo la impresión, de que las reglas que se fijan de modo específico para el confinamiento hasta fines del mes de junio terminarán aumentando la irreparabilidad de los daños con que ya nos afectan los riesgos y los peligros de la pandemia.
¡En qué momento hemos perdido nuestra condición de ciudadanos sin proceso previo que demuestre que somos incapaces de tomar nuestras propias decisiones y, por lo tanto, que estamos proscritos e interdictados para asumir plenamente el control de nuestro destino, de nuestra vida y de nuestros proyectos personales!
¿Por qué quienes tenemos los mínimos razonables de responsabilidad personal somos castigados, penados y sancionados, en razón a una supuesta media o estándar de comportamiento colectivo que rechazamos y que nos limita severamente nuestra libertad?
¡Cómo no sentir indignación por el trato tan poco democrático, republicano y justo que recibe quien sabe ser ciudadano, en nombre de quienes carecen del título para seguir siendo considerados en la misma categoría!
La más grande fragilidad de este gobierno es que no es lo que debe ser. Las democracias no se basan en la opresión ni en la negación de la libertad y de la capacidad de raciocinio del ciudadano. Un régimen que apela al garrote y a la reclusión forzada, bajo pena de pérdida de más derechos que los que ya quedan afectados por las fuerzas naturales de un virus, no parece contar con los pergaminos ni con la legitimidad que debe ser connatural a una república…
Las medidas son peligrosas primero porque son de difícil exigibilidad generalizada, segundo porque cuando se las exija el criterio discrecional de la policía será la que determine la multa o el remolcamiento de los vehículos, y tercero porque minimizan y desconocen la capacidad y criterio personal para ser los dueños de los bienes más preciados durante nuestra existencia: nuestra vida y nuestra libertad…
