En esta exposición César Delgado-Guembes presenta una metodología de análisis del funcionamiento concreto del régimen político peruano dentro de lo que denomina el modelo dinámico de reciprocidad inversa. El modelo comprende cuatro modalidades entre las que cabe clasificar tipos de funcionamiento del régimen político peruano.
Los cuatro tipos son (1) el modelo de funcionamiento óptimo del régimen con balance y separación de poderes; (2) el modelo de régimen de bloqueo, choque y confrontación por impulso de maximización entre ambos poderes;(3) el modelo disfuncional de régimen por maximización de intereses del gobierno, e insuficiencias del Congreso; y (4) el modelo de régimen ineficaz por pasividad, inercia o ineficiencia de operadores de ambos poderes.
El modelo dinámico que propone asume seis distintas formas funcionales de interacción de mayor a menor intensidad relacional: (1) información; (2) coordinación; (3) delegación; (4) rendición de cuentas; (5) convalidación/rechazo; y (6) autonomía.
El principio que estructura su modelo es el de la reciprocidad inversa. Este principio se define a partir de las equivalencias de oposición lógica, que supone que, según la intensidad relacional cada operador, el Congreso o el gobierno, tienen un nivel óptimo de funcionamiento según el cual a cada órgano se le adjudica el mismo puntaje de acuerdo a la intensidad de la relación funcional, pero a uno en sentido positivo y al otro en su inverso negativo.
La disfuncionalidad es todo modo concreto de aplicación práctica del modelo estándar en el que los operadores transgreden o se apartan de su óptimo normativo.
En su presentación Delgado-Guembes presenta 5 distintos casos en los que es posible identificar funcionamientos disfuncionales: la intervención en el proceso de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional; la calificación que realizó el Presidente de la República como “denegación fáctica” de la cuestión de confianza; el atropello en que consistió la pretendida concurrencia voluntaria del gabinete Del Solar el 30 de setiembre de 2019; la tardía concurrencia del gabinete Zeballos para exponer la política general del gobierno y solicitar la cuestión de confianza; y la omisión del mismo gabinete Zeballos de plantear cuestión de confianza sobre los actos del poder ejecutivo durante el interregno parlamentario.